La manifestación fue convocada por las Organizaciones a favor de Personas con Retraso Mental de Madrid (FEAPS-Madrid), que ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Gobierno de Madrid de establecer diferentes tarifas en los centros para discapacitados en función de las rentas de sus famiias.

En declaraciones a Servimedia, Víctor Nieto, miembro de la junta directiva de Feaps-Madrid, explicó que "nosotros lo que estamos reivindicando no es un trato especial, sino nuestra dignidad como personas".

"Un discapacitado psíquico es una persona simplemente con más necesidades de apoyo y eso es lo que necesitamos y reivindicamos de la sociedad y, no entendemos porqué se nos tiene que gravar a través de la declaración de la renta a nosotros y a nuestras familias", precisó.

En este sentdo, matizó que "si pagamos nuestros impuestos a través de la declaración de la renta, no entendemos porqué tenemos que pagar ahora un canon, a través de la declaración, para que nuestros hijos vayan a unos centros que, en algunos casos, eran ya gratuitos".

Por su parte, la diputada del Grupo PSOE-Progresistas en la Asamblea de Madrid Cristina Almeida, presente en la manifestación, denunció que el Gobierno de la Comunidad de Madrid sacó este decreto "que no consultó con nadie". En su opinión, es un tem delicado porque, aunque no es un colectivo muy numeroso, "precisa una asistencia humana personal".

"Si a padres jubilados con hijos de treinta y tantos años y dependientes de una pensión les dicen que van a tener que pagar, los encerrarán en casa y los cuidarán allí, con lo que el minusválido no tendrá la oportudidad de tener un desarrollo por encima de las posibilidades de su familia", señaló.

FEAPS-Madrid presentó un comunicado a Gallardón en el que entre otros aspectos solicita que se abra un vía de negociación con los afectados para que, en el plazo de tiempo más corto posible, "encontremos soluciones sencillas y justas a este grave problema planteado a la familia y que enturbia la buena medida de hacer que todas las personas con discapacidad, en especial con retraso mental, tengan una plaza de atención financiada con fondos públicos".