Según informaron los sindicatos UGT y CCOO en un comunicado, esta iniciativa contó con un texto alternativo de la patronal, que no recibió l apoyo suficiente en el Pleno del CES para ser tenido en cuenta.

El CES propone al Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón que se tenga en cuenta el nivel de siniestralidad de las empresas como uno de los baremos para concederles una obra pública; y que se extienda la prohibición de contratar con las Administraciones Públicas a aquellas personas, físicas o jurídicas, sancionadas con carácter firme por cualquier infracción a la normativa de seguridad y salud en el trabajo.

Asimismo, el CES recomienda a introducción de cláusulas de penalización en los contratos públicos, teniendo en cuenta los índices de incidencia y la siniestralidad laboral producida en la ejecución de los mismos.

El portavoz de UGT en el CES, Fernando Sánchez, aseguró que "la CEIM en este tema se deja llevar por los intereses de los sectores empresariales con mayores índices de siniestralidad y precariedad laboral".

Para Jaime Cedrún, portavoz de CCOO en el CES, "las administraciones deben responder con todas las medidas a u alcance en la repercusión de las conductas empresariales que por acción y omisión estén provocando este alto índice de siniestralidad".