En una comparecencia en la Asamblea de Madrid, Pérez del Campo señaló que dicho centro, gestionao por la entidad que ella preside, puede cerrar por problemas económicos al reducirse en un 20% la ayuda estatal con respecto al ejercicio anterior. Añadió que "no es una persecución de última hora, es una represalia política que tiene que ver con el principio de la titularidad de la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid, de Asunción Miura".

Miura desempeñó ese cargo durante la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón como presidente regional, que cuando llegó a la Alcaldía de la capital se l llevó al Ayuntamiento para ser la responsable de la misma área, pero en la administración municipal.

Pérez del Campo explicó que ya comunicó en su momento a la directora del Instituto de la Mujer, Miriam Tey, la persecución que sufrían por parte de Miura y reiteró que el recorte es una "represalia política y una sanción por discrepar y mantener la independencia que debe regir en toda ONG, gobierne quien gobierne".

"Éste es nuestro pecado, no haber permanecido en silencio, que nos lleva a que se os persiga y se culmine con este recorte escandaloso en la subvención de este centro" que tiene 60 plazas, indicó.

Recordó que el recorte de subvención asciende a un 20% con respecto al año anterior, lo que supone 10 millones de pesetas menos para el mantenimiento del centro. "Si nos quitan esa cantidad se produce un estrangulamiento y una asfixia que lleva antes o después al cierre", señaló.

Explicó que por este centro han pasado desde su puesta en marcha, en 1991, 703 personas: 290 mujeres y 41 niños. Destacó que el 77% de las mujeres que han pasado por ese centro se han recuperado totalmente, y no han vuelto a plantearse relaciones de violencia con su pareja

Añadió que las personas que llegan a esa entidad, muchas en condiciones muy lamentables, permanecen durante 18 meses desarrollando hasta seis programas desde un planteamiento integral.

En él trabajan 6 profesionales: dos en psicología, dos en educación, uno en derecho y otro en trabajo social. Todos están contratados en régimen dededicación exclusiva, menos la abogada, por falta de recursos económicos. También hay 11 trabajadoras encargadas del mantenimiento y otras actividades, como secretarias y personal de administración.

La diputada del PP Carmen Martín Irañeta dijo que se está utilizando el problema de las mujeres maltratadas de manera "partidista y oportunista", y acusó a la compareciente de conocer la cuantía de la subvención desde julio "y no decir nada hasta ahora".

Insistió en que la dirección del centro ha caíd en planteamientos "electoralistas" y citó las visitas de los socialistas Rafael Simancas y Trinidad Jiménez durante las pasadas elecciones autonómicas.

Ana María Pérez respondió señalando que ese centro ha recibido muchas visitas, incluidas la de Ana Botella, Miriam Tey y diputadas del PNV y CiU, entre otros muchos.