Según informaron hoy ambos sindicatos, el borrador presentado por el Gobierno que preside Alberto Ruiz-Gallardón endurece los requisitos de acceso a la prestación, manteniendo el no reconocimiento a la mayoría de edad; reduce las cuantías económicas y penaliza a aquellas uniades familiares o de convivencia con personas mayores; limita presupuestariamente la capacidad de cobertura y establece una merma de derechos frente a las obligaciones de contraprestación de las personas beneficarias.

Para UGT y CCOO, una Ley de Rentas Mínimas debe suponer un reconocimiento de un derecho a los ciudadanos y no una mayor capacidad de restringir el acceso a los mismos por parte de la Administración.

Por todo ello, las organizaciones sindicales reclaman una cuantía que cubra las neceidades básicas de todos los madrileños sin recursos, situándola al nivel de la Pensión no Contributiva prorrateada (48.895 pesetas) para una persona.

En caso de tener que favorecer a más personas, se incrementaría esa cantidad en un 50% para la segunda, en un 25% para la tercera y en un 15% para la cuarta y restantes, hasta una cuantía máxima de una vez y media el Salario Mínimo Interprofesional.