A juicio del sindicato, "debe investigarse y exigirse responsabilidades en las que se pudiera haber incurrido por parte de la empresa concesionaria, y subsidiariamente de la Consejería de Medio Ambiente, por el presunto incumplimiento de lo contenido en el Pliego de Condiciones que regula la priatización en lo relativo a la formación del personal y a los requisitos que debe cumplir este personal en cuanto a experiencia profesional".