Jesús Pedroche, consejero de Presidencia, informó que el objetivo de esta norma es garantizar y concretar los derechos de las personas ciegas o con deficiencias visuales a la hora de acceder y permanecer, acompañados de perros-guía, a locales públicos y privados y a los medios de transporte, como autobuses y taxis, "sin que nadie les moleste".

Añadió que la ley recoge la posibilidad e sancionar hasta con 2 millones de pesetas, en caso de locales públicos, y 500.000 pesetas, si son privados, las vulneraciones de estos derechos.

Tras señalar que en la CAM se produce el mayor número de denuncias por impedir el acceso a estas personas y que es la comunidad con mayor número de usuarios de perros-guía (112 de 435), explicó que los mayores problemas se dan en taxis y restaurantes.

BARRERAS ARQUITECTONICAS

Por otro lado, el Consejo de Gobierno que preside Alberto Ruiz-Gallardón apobó también el proyecto de decreto sobre el régimen sancionador en materia de supresión de barreras arquitectónicas.

Pedroche destacó la colaboración de la Fundación ONCE en el desarrollo del mismo y recordó que en un plazo de 12 años, desde 1993, en la CAM deben haberse suprimido todas las barreras arquitectónicas.

Este decreto, que desarrolla uno de los apartados de la Ley de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, contempla sanciones de hasta 50 millones de pesets.