De los que deberán pagar, un 60% abonará una cantidad inferior a la pensión no contributiva de invalidez o prestación familiar por hijo a cargo, el 30% una cantidad superior a la pensión que reciben y el resto pagaran un precio superior a 62.000 pesetas mensuales.

La consejera señaló que una buena parte de los movimientos asociativos de discapacitados físicos y sensoriales, además de algunas entidades de minusválidos psíquicos, apoyan lo establecido por su departamento a la hora de fijar lo que costarán los centros residenciales o de día para discapacitados.

Afirmó que habrá unas 10.000 plazas y que cuando todos los centros estén dentro de la red pública puesta en marcha por Servicios Sociales, el gasto totl será de unos 20.000 millones de pesetas, de los que más del 90% serán sufragados con fondos públicos. El resto saldrá del bolsillo de los usuarios.

Aclaró que las personas con rentas más bajas serán las más beneficiadas, ya que la cantidad a pagar por los usuarios dependerá de la renta per cápita mensual de la unidad de convivencia.

La orden de la CAM indica que las unidades familiares estarán integradas por el usuario, sus padres y sus hermanos menores de edad, siempre que convivan en el mismodomicilio. Igualmente, se incluyen los hermanos de hasta 26 años o los que superen esta edad pero acrediten una discapacidad igual o superior al 33% y, en ambos casos, que sus ingresos no superen el SMI anual.

Cuando los usuarios formen parte de unidades de convivencia de varios miembros y tengan reconocida una discapacidad igual o superior al 65%, se computarán, a efectos de determinar el número de personas que forman la unidad de convivencia, como dos miembros.

La renta se calculará sumando losingresos correspondientes a todos los miembros de la familia, de los que habrá que deducir las cotizaciones a la Seguridad Social y derechos pasivos, los gastos deducibles del capital inmobiliario y mobiliario y de las actividades económicas reguladas por el IRPF. Otras deducciones que se podrán aplicar las familias afectadas son el precio público que pagan a centros de mayores, gastos y prestaciones ortoprotésicas y obras de supresión de barreras arquitectónicas.