El borrador, al que ha tenido acceso Servimedia, establece la creación de una tarjeta social, que reforzará el carácte universal del sistema público y servirá de herramienta para evaluar los resultados de los servicios y planificar los recursos.

La ley reconoce a los entes locales la potestad de desarrollar prestaciones de atención social primaria y de gestionar los equipamientos de atención especializada de titularidad autonómica que se acuerden.

También tiene en cuenta el papel desempeñado en el modelo mixto de provisión de servicios sociales por el sector privado empresarial en este campo, así como el prestad por las entidades no lucrativas y el voluntariado.

La nueva normativa define la oferta de prestaciones del sistema público, universal y gratuito, y se consolidan derechos, como el acceso a la renta mínimo de inserción que asegure una vida digna, o la gratuidad en la red pública de la atención a personas con discapacidad.

REPRESENTACION CIUDADANA

Los ciudadanos contarán con una vía de participación en los órganos de representación y consulta del sistema, y los profesionales verán reconocido su erecho a tener una formación continua y a desarrollar tareas de investigación.

El texto se ha redactado con las aportaciones realizadas por 7 grupos de trabajo técnico y con el objetivo de actualizar la legislación en el campo de las políticas sociales. Ahora se inicia hasta el 30 de septiembre un plazo para recoger las aportaciones que los distintos ámbitos de los servicios sociales y de las asociaciones puedan hacer "para lograr el mayor consenso social posible".

Para ello, la Consejería de Sericios Sociales de la CAM recoge en su página en Internet (www.madrid.org/servicios_sociales) cualquier aportación del movimiento asociativo o de los profesionales del sector.