En una carta remitida por cada uno de los cuatro consistorios al presidente de la FMM, Luis Partida, los primeros ediles municipales acusan a este organismo y a la Comunidad de haber decidido "unilateralmente y sin consultar con los municipios afectados el número de familias que debían ser alojdas en cada localidad".

Además, los alcaldes advierten en el escrito que el acuerdo se rechaza "no por insolidaridad, sino por justicia", y aseguran que sus municipios están erradicando las infraviviendas mediante políticas sociales de integración que aún continúan.

En el escrito, añaden que "llevamos veinte años de esfuerzos ininterrumpidos para construir una ciudad integrada, luchando permanentemente para solucionar día a día los problemas de marginación e infravivienda".

Igualmente, los acaldes aseguran que nadie que conozca el crecimiento y la evolución de estas ciudades puede tacharnos de "insolidarios". A diferencia de otras localidades de la Comunidad, han tenido que trabajar solos y sin ayuda de otras instituciones para conseguir la plena integración de muchos de sus vecinos.

Asimismo, los alcaldes de estos municipios del Sur de la región, acusan al Ayuntamiento de Madrid de desarrollar "políticas insolidarias con sus vecinos más desfavorecidos" que tienen como resultado inmediat la marginación y los problemas de infravivienda que la capital padece.

Uno de los motivos principales de queja de los alcaldes es el oscurantismo con el que se han llevado las negociaciones: los ayuntamientos no han sido informados previamente de este proceso y desconocen los criterios de distribución de las familias a realojar empleados por ambas instituciones, así como la procedencia de las mismas.

Por otra parte, en la carta remitida a Luis Partida le recuerdan que los acuerdos de la FMM no sn jurídicamente vinculantes para los ayuntamientos, que ven cómo éste órgano está incumpliendo uno de sus objetivos prioritarios: "defender los intereses de los municipios en su conjunto, respecto a otras administraciones o intereses privados".