MADRID. EL AYUNTAMIENTO PLANTEA NUEVAS EXIGENCIAS A LA CORRALA DE PENSIONISTAS A LA QUE CURSO UN EMBARGO DE 3,3 MILLONES

- En lugar de cumplir las promesas públicas de condonarles la multa por el retraso en iniciar las obras de rehabilitación, según la presidenta de la Comunidad de Propietarios

MADRID
SERVIMEDIA

El Ayuntamiento de Madrid ha planteado nuevas exigencias a la Comunidad d Propietarios de la Corrala de Travesía de Cabestreros, número 9, del barrio de Lavapiés, a la que dirigió el pasado mes de julio una orden para embargarle 3.283.937 pesetas por no pagar una multa impuesta por el retraso en el inicio de sus obras de rehabilitación.

María José Tejedor, presidenta de la Comunidad de Propietarios de esta corrala habitada mayoritariamente por pensionistas de escasos recursos económicos, manifestó a Servimedia que se han quedado en nada las promesas realizadas públicamenteel pasado mes de agosto por el concejal de Urbanismo, Ignacio del Río, para condonarles la multa.

Tejedor señaló que el Ayuntamiento no sólo "ha dado largas al caso" y ha rechazado con posterioridad a esas declaraciones un recurso presentado para suprimir la multa, sino que además les ha hecho llegar una notificación de la Gerencia Municipal de Urbanismo que plantea nuevas exigencias en cuanto a las obras que es preciso efectuar para rehabilitar la corrala.

La presidenta de la Comunidad de Propiearios subrayó que, después de las promesas realizadas ante los medios de comunicación por los responsables del Ayuntamiento, éstos no les han recibido nunca para concretar una solución al problema y se han limitado a dejar que las multas sigan el trámite burocrático habitual.

Tejedor recordó que en la corrala viven 50 familias, que los pisos tienen una superficie que oscila entre los 20 y los 50 metros cuadrados y que la mitad de ellos carecían incluso de cuarto de baño antes de las obras de rehabilitción actualmente en marcha.

El caso de esta corrala se remonta a 1991, cuando el Ayuntamiento impuso una multa a la Comunidad de Propietarios por no iniciar a tiempo unas obras de rehabilitación.

El Ayuntamiento mantuvo su decisión pese a que la Comunidad de Propietarios consiguió iniciar las obras en 1992, tras recaudar el dinero entre los dueños de los pisos, que en algunos casos tuvieron que vender bienes personales o recurrir a la ayuda de sus hijos para aportar esa contribución.

Los proietarios de los pisos son mayoritariamente pensionistas con prestaciones que en muy pocos casos superan las 50.000 pesetas mensuales, así como familias numerosas de ingresos modestos, trabajadores inmigrantes de origen marroquí y parados.

(SERVIMEDIA)
07 Oct 1996
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