La orden de embargo, dictada el pasado 27 de julio por la Recaudación Ejecutiva Municipal, y a la que tuvo acceso Servimedia, insta a la Comunidad de Propietarios a desembolsar esa cantidad por el impago de una multa que el Ayuntamiento le impuso en 1991 por no realizar unas obras de rehabilitación de la corrala.

El Ayuntamiento de Madrid, que gobierna Joé María Alvarez del Manzano, del PP, ha mantenido la decisión de cobrar la multa pese a que la Comunidad de Propietarios consiguió iniciar las obras en 1992, tras recaudar el dinero entre los dueños de los pisos, que en algunos casos tuvieron que vender bienes personales o recurrir a la ayuda de sus hijos para aportar su contribución.

Los propietarios de los pisos de esta corrala, situada en el número 9 de la Travesía de Cabestreros, son mayoritariamente pensionistas con prestaciones mensuales que rarmente superan las 50.000 pesetas mensuales, familias numerosas con empleos modestos, trabajadores inmigrantes de origen marroquí y parados, según explicó a Servimedia la presidenta de la Comunidad, Maria José Tejedor Palacios.

En la corrala viven 50 familias. Los pisos que habitan tienen una superficie que oscila entre los 20 y los 50 metros cuadrados y la mitad de ellos carecían incluso de cuarto de baño antes de las obras de rehabilitación, por lo que usaban el colectivo de cada planta.

Las obrs, para las que finalmente se reunieron 70 millones de pesetas, quedarán inconclusas puesto que están presupuestadas en 110 millones de pesetas, por lo que faltarán por hacer los trabajos de pocería, la rehabilitación de las escaleras y de parte del tejado, la pintura y parte de la instalación eléctrica.

A este respecto, Maria José Tejedor indicó a esta agencia que la orden de embargo ha llegado precisamente cuando los fondos disponibles para realizar las obras están ya prácticamente agotados.

Detacó igualmente la falta de sensibilidad del Ayuntamiento, que ha desoido las gestiones realizadas para que cancelara la multa, en atención a que las obras fueron finalmente acometidas y a la precaria situación económica de los inquilinos.

El Ayuntamiento no sólo ha desatendido las peticiones formuladas en ese sentido, sino que ha ido engrosando la multa con recargos e intereses. En concreto, la Orden de Ejecución de la Providencia de Embargo de Bienes remitida el pasado 27 de julio, a la que tuvo accso esta agencia, desglosa así el importe de la multa: 2.025.000 pesetas del principal de la deuda, 405.000 de apremio, 853.738 de intereses de demora y 199 de costas.

Maria José Tejedor subrayó finalmente que bastante esfuerzo han tenido que realizar todos los inquilinos para reunir el dinero con que acometer unas obras, para las que aún así no hay fondos suficientes para ultimarlas, como para ahora tener que pagar una multa que, a su juicio, el Ayuntamiento debió anular hace tiempo.

A este respeto, puso de manifiesto que la rehabilitación de la corrala del número 9 de la Travesía de Cabestreros, levantada en el siglo XIX, no ha recibido ninguna ayuda del Ayuntamiento. La Comunidad de Madrid les ha comunicado la posibilidad de obtener una subvención del 23 por cien del gasto realizado, pero al término de la obra.