Según la FRAVM, el decreto-ley del Gobierno que liberaliza la utilización del suelo "reduce en un 33 por ciento la promoción de vivienda social por los ayuntamientos y, simultáneamente, la obtención de recursos económicos por los mismos".

Para la federación de vecinos, este decreto "conculca el artículo47 de la Constitución, limitando la apropiación, por la comunidad, de las plusvalías que genera la acción urbanística de los entes públicos".

En este sentido, la FRAVM considera que esta medida "favorece a los propietarios del suelo y al negocio inmobiliario y desatiende a la demanda social más necesitada de alojamiento".

Asimismo, para esta federación la liberalización del suelo "coloca al margen de las posibilidades de acceso a la vivienda a los demandantes, principalmente jóvenes, que no supern 2,5 veces el salario mínimo interprofesional".

La medida del Gobierno, añade este colectivo, "favorece la creación de nuevos barrios dormitorio poco accesibles, sin equipamientos ni servicios, que retrotraen al urbanismo de los años sesenta, cuya transformación posterior generó una potente lucha ciudadana y necesitó de fuertes inversiones públicas".