Según informó esta asociación, una sentencia del Tribunal Constitucional establece que para que las sanciones puedan ser ejecutadas por la vía del embargo tiene que existir una comunicación previa con el multado y no sólo a través del Boletín Oficial de la Comunidad.

El Constitucional dió la razón a un multado que no había recibido notificación personal alguna al haber cambiado de domicilio y que se enteró de las multas por el embargo.

Según AEA, esto sucede con unas 400.000 multas pendietes de cobro por parte del Consistorio madrileño, por un importe total de unos 36 millones de euros.

Desde el año 1997, el Ayuntamiento de Madrid avisa a los automovilistas mediante anuncios en el Boletín de Comunidad, en los casos en que Correos no conseguía entregar las notificaciones de las multas a los destinatarios.

A juicio del presidente de AEA, Mario Arnaldo, "nos podríamos encontrar ante nuevas violaciones de derechos constitucionales como la recientemente declarada por el Tribunal Consttucional".