Esta propuesta, apoyada por todos los grupos, pretende resolver los problemas generado a los usuarios por la compañías suministradoras de estos servicios cuando se produce un impago de los recibos de gas, teléfono y luz.

PP, PSOE e IU apoyaron que estas compañía suministradoras adopten un sistema de notificación eficaz y demostrable a los interesados.

Asimismo, la iniciativa señala que, en el caso de que cualquier usuario haga reglamentariamente una reclamación por facturación excesiva, "sería conveniente que se paralizase la obligación de pago del recibo reclamado y recurrido, hata que se resuelva por el organismo competente la procedencia o no de la factura reclamada".