La idea fue presentada mediante una proposición no de ley por la diputada de Izquierda Unida Virginia Díaz. Elena Vázquez y Cándida O'Shea, diputadas del PSOE y PP, apoyaron la propuesta de U y votaron a favor de la regulación de la etiqueta de empresa social, pero señalaron que no se podrá poner en marcha hasta que el Gobierno central no regule las empresas de inserción.

Las empresas con etiqueta social tendrían incentivos y subvenciones. Virginia Díaz afirmó que esta iniciativa no va dirigida sólo a los sectores considerados tradicionalmente como marginados sino también los procedentes de la llamadas nuevas pobrezas, como los inmigrantes, parados de larga duración, jóvenes que accedensu primer trabajo y mujeres con cargas familiares, entre otros.