Se trata de una nueva regulación con la que el Ejecutivo autonómico pretende hacer frente al desafío del crecimiento económico y demográfico de la región, unido al refuerzo de la protección de sus recursos naturales.

Así, esta iniciativa de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior supondrá “una actualización, racionalización y simplificación de la normativa de la Comunidad de Madrid en los ámbitos medioambiental, territorial y urbanístico”. Para ello, se modificarán diez textos legales con el fin de estimular la actividad económica gracias a la reducción de cargas burocráticas.

El texto normativo se remite a la Asamblea de Madrid con la previsión de que entre en vigor a finales de este año. Entre los objetivos del Gobierno madrileño con esta nueva Ley se encuentra aumentar la oferta de vivienda, seguir avanzando hacia los objetivos de descarbonización y digitalización, garantizar el relevo generacional del sector primario y combatir la despoblación en las zonas rurales, y blindar la prestación de los servicios públicos sobre la gestión del ciclo del agua.

NUEVO SUELO PARA VIVIENDA

En materia urbanística, se podrá solicitar la licencia desde el momento de la reparcelación, lo que supone un adelanto de cerca de un año en los plazos, acelerando la construcción de nuevas viviendas más eficientes. Con ello, se facilitará el desarrollo de grandes proyectos y se acelerará la edificabilidad. Clarifica, también, la normativa de forma que no se paralicen proyectos como el de Madrid Nuevo Norte, en la capital.

El nuevo texto de la Comunidad de Madrid establece que el Ejecutivo regional pueda desarrollar Planes de Protección del Paisaje. Además, busca compatibilizar esa protección del medio rural con los usos tradicionales, de manera que se permita una mayor flexibilidad para actuaciones como reparaciones de caminos, tapias de piedra, o infraestructuras ganaderas, con el fin de revitalizarlo y contribuir a su desarrollo económico, evitando la despoblación.

La futura ley además declara las obras hidráulicas de regadío de interés regional, permitiendo a los agricultores modernizar y consolidar sus regadíos. También permite la instalación de invernaderos sin necesidad de calificación urbanística. Al agilizar estos procesos, se fomenta un uso más eficiente de los recursos hídricos y se apoya el desarrollo rural en la región con explotaciones más eficientes y rentables.

La nueva reforma legislativa facilita los procedimientos para soportes estratégicos de energía y telecomunicaciones reduciendo hasta en dos años su tramitación. Entre otros, se fomentará la instalación de Centros de Procesamiento de Datos (CPD) en suelo urbanizable no sectorizado, mediante la fórmula de Proyecto de Actuación Especial, que agiliza los plazos de tramitación. Asimismo, elimina los Planes Especiales de Infraestructuras para la distribución o transporte de energía y telecomunicaciones, lo que supone dos años de ahorro en el despliegue.

PROYECTOS DE OBRAS HÍDRICAS

En lo relativo al uso del agua, la normativa diseñada por la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior la Comunidad de Madrid agiliza el procedimiento de aprobación de proyectos de obras de infraestructuras hídricas, con el fin de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios públicos relacionados con la gestión del ciclo del agua.

Así, se habilita un procedimiento exprés para las obras de Canal de Isabel II, que se declaran de interés público. Además, se elimina el Plan Especial de Infraestructuras para las obras hidráulicas. Estas medidas permitirán agilizar las obras incluidas en el Plan Sanea afectando a 59 municipios, con una inversión de 500 millones de euros para la mejora de sus redes de alcantarillado e infraestructuras de protección frente a inundaciones.

Por último, la entrada en vigor de la Ley estatal de protección de los derechos y el bienestar de los animales supone la necesidad de adaptar la normativa autonómica en esta materia. Así, la nueva Ley autonómica "evitará contradicciones y contribuirá a lograr una mayor seguridad jurídica y una mayor coherencia en el conjunto del ordenamiento jurídico español sobre esta materia", según explicó el Gobierno autonómico