El objetivo del primer proyecto es adaptar la legislación regional a la nacional, señaló Cobo, que añadió que el referido texto incorpora una serie de disposiciones sobre la Agencia de Protección de Datos Autonómica en cuanto a autoridad de control y precisa su naturaleza jurídica como ente público independiente.

Esta ley asigna al director de la citada agencia la facultad de inmovilizar los ficheros en supuestos constitutivos de infracción muy grave, por utilización o cesión ilícit de los datos de carácter personal en que se impida gravemente o se atente de igual modo contra el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y el libre desarrollo de la personalidad que la Constitución y las leyes garantizan.

En cuanto al proyecto de Ley Reguladora del Patrimonio de la Comunidad, también con el objetivo de adaptarlo a la legislación estatal, recoge novedades, entre ellas la fijación del concepto de Patrimonio diferenciado del de Hacienda y la posibilidad de embargo de bienes patrimoiales no afectos al uso o servicio público, como medida jurídica de los ciudadanos y en línea con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.