MADRID. ALMEIDA APOYA A LOS PADRES DE DISMINUIDOS PSIQUICOS A LOS QUE LA CAM PRETENDE COBRAR EL 75% DE LA RENTA POR CUIDARLES
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La presidenta del PSOE-Progresistas de la Asamblea de Madrid, Cristina Almeida, se reunió esta mañana con representantes de ocho asociaciones de padres de disminuidos psíquicos, "muy preocupados" por la dcisión del Consejo de Gobierno de cobrar a las familias de estos discapacitados hasta el 75% de su renta familiar por los servicios de atención ocupacional (talleres) o residenciales, hasta ahora gratuitos.
Las familias mostraron una circular enviada por la Dirección General de Servicios Sociales a miles de familias que tienen a su cargo minusválidos psíquicos que acuden a estos centros, en la que se señala que "el porcentaje que habrá de abonarse por los diferentes servicios prestados que correspondeal 75% de la renta per cápita en atención residencial con atención diurna y al 37,5%, en los casos de recibir una sola atención".
Aunque el Gobierno regional anunció que retiraría su pretensión de cobrar por estos servicios, Almeida dijo que ha hablado hoy mismo con el director de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, Tomás Vera, que le informó de que esa carta "no se retira y que lo que es una barbaridad es la noticia".
La diputada regional dijo que la intención de la Comunidad es, a pesr de su anuncio de integrar en la red pública a todos los servicios prestados desde la iniciativa privada, "garantizar los ingresos a los (empresarios) privados, en vez de garantizar las plazas públicas".
Asimismo, criticó que la Administración regional ponga al frente de estos centros a gerentes, en vez de personal especializado en este tipo de educación, con la única intención de rentabilizar los centros.
Almeida explicó, tras reunirse con los padres de estos disminuidos, que en el próximo plen parlamentario preguntará al presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, sobre este "abuso".
Alejando López y Delfina Dorado, en nombre de los padres de disminuidos psiquicos, criticaron la medida de la Comunidad y destacaron que los que sustentan la unidad familiar, en muchos de los casos, son pensionistas.
Estos centros, para mayores de 18 años, serán todos de titularidad pública, según la Comunidad, aunque para los padres de los afectados "todo será privado, porque antes era público y no pagáamos nada; ahora, habrá que pagar en cualquier caso".
Los padres destacaron que "un disminuido necesita rehabilitación, logopedas o una botas de 60.000 pesetas, todo de nuestro bolsillo, y lo unico que nos oferta la Comunidad es un sitio donde nuestros hijos pueden estar con otros y relacionarse".
"Lo más grave de todo esto es que muchos padres que no dispongan de dinero optarán por tener a sus hijos en sus casas encerrados, al cuidado de una señora. Es un retroceso. Para ellos, prima la rentabildad económica y para nosotros la protección social", añadieron.
(SERVIMEDIA)
04 Dic 2000
SMO