La resolución judicial reclama a la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid el expediente administrativo y, tras los plazos procesales en vigor para que se informe a las partes interesadas, obliga a que se publique en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el recurso interpuesto, para que los afectados puedan ser emplazdos personalmente a comparecer.