Así lo aseguró en su turno de palabra tras rubricar el convenio en la sede del ministerio en Madrid, en un acto en el que también participaron el rector de la Universidad de Alcalá, José Vicente Saz; la rectora de la Universidad Autónoma, Amaya Mendikoetxea; el rector de la Universidad Carlos III de Madrid, Ángel Arias; el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache; el rector de la Universidad Politécnica de Madrid, Guillermo Cisneros; y el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos.

Para el consejero, el programa, que han firmado el resto de gobiernos autonómicos, “hipoteca a la Comunidad de Madrid por valor de 2.000 millones de euros durante los próximos 35 años" para mantener las plazas que se crearán.

“No es un convenio, es una imposición, es un chantaje, es un 'Pedro Sánchez invita y las comunidades autónomas pagan'", protestó y se comprometió a que “Madrid compensará la ingeniería social de este convenio trampa protegiendo al profesor asociado”. El responsable autonómico también subrayó que con la firma el Ejecutivo madrileño se ponía “de lado” de los rectores, a pesar de que entiende que las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez quiere “volar” la educación superior y “ahogar a la universidad en la ideología”.

Viciana, que coronó su intervención con un “feliz Navidad” también afeó al Gobierno de Sánchez su “nefasta” medida sobre la cotización a la Seguridad Social por las prácticas universitarias e instó a los rectores catalanes a “que reclamen los 400 millones que les deben”. “Si no se los dan por otra parte”, pronosticó.

MORANT, DESCONCERTADA

En su turno de palabra, la ministra Morant calificó de “desconcertante” la situación. “No sabemos si los que han firmado están o no están en el convenio”, reflexionó y aseguró que las 1.091 nuevas plazas que se crearán en las universidades públicas madrileñas “no son un capricho”, sino que se trata de “una medida de supervivencia” que necesitan las universidades madrileñas, pues contribuirán al remplazo de jubilaciones previstas y servirán para asegurar la estabilización de los docentes. “Es un día histórico”, dijo.

“La firma de hoy llega después de muchos meses”, subrayó la ministra, que remarcó: “Si hemos venido a rescatar a alguien es a la universidad pública”. La responsable de las políticas universitarias argumentó también que el convenio supone “hacer justicia a la universidad pública madrileña” y “resolver problemas” para que las instituciones de educación superior puedan desarrollar “todo” su potencial, dijo a los rectores. “Hoy estamos haciendo lo correcto”, explicó tras el clima de tensión después de la intervención del consejero.

Morant recordó que con los convenios firmados en el conjunto de comunidades autónomas se impulsará la creación de 5.600 plazas de profesor ayudante doctor, que permitirán aumentar un 75% la plantilla de esa figura e inyectará personal para contribuir a la investigación, ya que el 70% de la misma procede de los campus. En este ámbito subrayó que las universidades públicas madrileñas son una “potencia investigadora”, en comparación a la labor innovadora de las privadas.

Con el María Goyri que impulsa el Gobierno, éste financiará durante seis años 3.400 plazas de profesorado ayudante doctor en todo el país, lo que supondrá un coste global de más de 900 millones de euros por parte del Ejecutivo. El resto de plazas del programa, otras 2.236 plazas, las sufragarán las comunidades autónomas y también ellas tendrán que mantener el conjunto de nuevos puestos.

CUESTIÓN DE ESTADO

El rector Ángel Arias, en representación de las universidades públicas madrileñas, abrió el acto y subrayó que el convenio es un “hito” que va a permitir incorporar “talento, dinamismo e ingenio” al campo del conocimiento. “Muestra el compromiso conjunto del Estado y de la Comunidad de Madrid en una apuesta de presente y futuro para mejorar la excelencia investigadora y la calidad laboral de los profesores”, dijo.

“Las universidades públicas son una cuestión de Estado que deben proteger todas las administraciones públicas”, indicó, y las pidió “alejarse de la polarización”. “Hoy Gobierno y Comunidad están a la altura de este compromiso. Es un buen día para toda la ciudadanía”, señaló el rector antes de intervenir el consejero.

Tras las fotografías protocolarias, tuvo lugar un breve corrillo en el que Viciana apenas tomó la palabra y que la ministra disolvió argumentando que tenía que viajar a Valencia, donde este viernes tiene agendado un acto. En los pocos minutos que duró, rectores y ministra se citaron en los próximos días para desarrollar el convenio, que llega ‘in extremis’ según el plazo que el Ejecutivo dio a los gobiernos autonómicos, aunque bromearon no verse el día 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes.