La organización ecologista exige al Ayuntamiento de Madrid el cierre de la planta de Valdemingómez debido a que tiene abierto de oficio un proceso de investigación, ya que unas muestras recogidas el pasado 12 de diciembre por la Comunidad presentaban niveles de dioxinas quince veces superiores a los permitidos.

Con la acción de hoy, Greenpeace quiere mostrar su total desacuerdo con la incineraciónde residuos, dada la peligrosidad que entraña esta práctica. Sara del Río, reponsable de la Campaña de Tóxicos de Greenpeace, asegura que el Ayuntamiento no puede cerrar los ojos ante este hecho.

Greenpeace acusa a la Comunidad de Madrid de haber incumplido el compromiso de realizar un estudio epidemiológico, al presentar únicamente un "informe de monitorización" consistente en un recuento de los ingresos en urgencias en los hospitales cercanos a la planta. Según Greenpeace, esa actuación sólo sirve pra que el Gobierno regional "cubra el expediente".