En declaraciones a Servimedia se han opuesto a esta iniciativa tanto las asociaciones de padres adoptivos como partidos políticos y grupos de mujeres.

Para la portavoz de Izquierda Unida en asuntos relacionados con la mujer, María Jesús Aramburu, es "una violación del derecho a la intimidad" y una medida "paternalista" con las mujeres.

Aramburu declaró a Servimedia que "el tratamiento de esta orden ministerial sigue considerando a la mujer un ser no adulto y cree que la tiene que amparar con la posibilidad de que se conozca su identidad a través de la ley, no porque la mujer considere que debe ser conocida como madre biológica. Es una medida violadoa y bastante paternalista con las mujeres".

La diputada de IU insistió en que "cada uno tiene derecho a conocer lo que la ley le permite conocer, siempre que no afecte a segundos", y con la obligatoriedad de hacer constar estos datos contra la voluntad de las madres "se está violando un principio democrático".

DISCRIMINACION

Por su parte, la presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, fue más dura en sus críticas y denunció la "discriminación" que upone entre la madre que no quiere que se la identifique y no puede evitarlo, por el hecho de que ella pare, y el padre que, si quiere, sí puede ocultar su paternidad. "¿Cómo salvamos esta distancia entre derechos de uno y de otro?", dijo Pérez del Campo a Servimedia.

Por último, subrayó que nunca la circunstancia física de parir puede ser discriminatoria en los derechos, "y en este caso lo sería claramente", recalcó. "Además, no hay que obligar a nadie a identificarse".

"INTRASCENDENTE"

Por úlimo, el presidente de la Asociación de Apoyo a la Adopción, Manuel Vinuesa, reconoció no ver nada negativo en esta propuesta, pero lamentó que el Ministerio de Justicia legisle sobre aspectos que "no tienen apenas trascendencia".

En este sentido, recordó a la ministra que hay otras cuestiones más interesantes y urgentes que resolver en lo referente a la adopción en España. En su opinión, la ministra sí debería intervenir sobre la "extrema lentitud" con la que, en la actualidad, la Administración tramia los certificados de idoneidad necesarios para formalizar una adopción.

Según dijo Vinuesa a Servimedia, la Administración está tardando un mínimo de seis o siete meses en tramitar dicho certificado. "La burocracia es asombrosa y hay que reunir documentos increíbles para adoptar a un niño", precisó.

Por ello, pidió a la Administración que facilite y agilice la adopción en España, y en concreto la adopción de niños mayores, enfermos o con alguna discapacidad.

La orden ministerial modificará l módulo de cuestionario del Registro Civil para adaptarlo a una sentencia dictada por el Tribunal Supremo el pasado 21 de septiembre, por la que se obliga identificar a la madre biológica en los partes de nacimiento, en el caso de que exista constancia clínica de estos datos.

El derecho a la intimidad quedará garantizado, ya que puede limitarse la publicidad de los datos del registro para permitir el acceso a ellos únicamente al hijo y, en su caso, a las personas que lo adopten, mediante una licenciaespecial otorgada por el responsable del Registro Civil.