Así lo anunció la ministra de Igualdad, Irene Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que cifró en unos 104 millones de euros el coste de las medidas que incluye la reforma, con unos 57 para la incapacidad temporal preparto y unos 23,8 para la incapacidad temporal por menstruaciones incapacitantes.

Montero defendió que se trata de “un paso decidido para garantizar el derecho a la salud de las mujeres” y señaló que será tramitada por vía de urgencia y “tiene unos pilares muy sólidos”, como es la ley de 2010, que aspira a “ampliar y mejorar”. Asimismo, defendió que los derechos que blindará la reforma “son un medidor fundamental de la calidad democrática de un país”, convencida de que el derecho “a decidir sobre nuestros propios cuerpos forma parte de nuestro derecho fundamental a la salud”.

Con respecto al texto, Montero señaló que “acaba con los obstáculos" para ejercer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo que, a su entender, "se estaban encontrando miles de mujeres en nuestro país”. “Además, reconoce nuevos derechos sexuales, menstruales o reproductivos, para el presente y también mirando al futuro”, apostilló, para señalar que, con esta reforma las instituciones asumen "la responsabilidad" de "dejar atrás tabúes, estigmas, culpas respecto a los cuerpos de las mujeres" y para que "las maternidades sean más libres y respetadas y cuenten con el mejor acompañamiento”.

En cuanto a “medidas concretas”, recordó que se amplía el derecho al aborto para "garantizar el acceso efectivo de todas las mujeres que así lo deseen a la interrupción voluntaria del embarazo”, de modo que las jóvenes de 16 y 17 años y las mujeres con discapacidad también “podrán decidir sobre sus cuerpos”, eliminando la necesidad del consentimiento paterno y los tres días de reflexión necesarios hasta ahora antes de poder abortar.

Además, las mujeres que decidan interrumpir su embarazo podrán hacerlo en el centro público hospitalario “más cercano a su domicilio” para que, según la ministra, “no tengan que desplazarse, como ocurre ahora en muchas comunidades autónomas, cientos de kilómetros".

Respecto a la objeción de conciencia, explicó que “siempre habrá profesionales sanitarios disponibles" para practicar interrupciones voluntarias del embarazo, haciendo “compatible” ese derecho del profesional con el de la mujer a poder abortar. Además, todas las mujeres tendrán también derecho a una incapacidad temporal para “recuperarse” de esas intervenciones “y contarán con los cuidados necesarios en ese momento”, mientras que aquellas que lo necesiten también podrán acceder a la píldora del día después de forma gratuita en todas las farmacias.

Asimismo, la ley también “reconoce y amplía” derechos para las mujeres que deciden ser madres, a las que la administración "acompañará" en ese proceso, y tendrán acceso a un permiso pre-parto desde la semana 39, que, dijo Montero, “no resta tiempo del posterior permiso de maternidad”.

MENSTRUACIÓN

Respecto a la salud menstrual, lanzó un “mensaje muy claro”, al entender que “la regla va a dejar de ser un tabú”. “Por primera vez reconocemos desde las políticas públicas, desde las instituciones, el derecho a la salud menstrual como parte del derecho fundamental a la salud de todas las mujeres”, reiteró, para insistir en que España “es el primer país de Europa en regular una incapacidad temporal pagada íntegramente por el Estado para reglas dolorosas incapacitantes”.

“Se acabó ir a trabajar con dolor, se acabó empastillarse antes de llegar al trabajo”, advirtió, para añadir que el Gobierno dispensará también de forma gratuita productos vinculados a la higiene y a la gestión menstrual en centros educativos, penitenciarios y de servicios sociales para "combatir la pobreza menstrual”.

VIOLENCIAS REPRODUCTIVAS

El texto reconoce específicamente como “violencias reproductivas” la gestación por substitución o vientres de alquiler, al igual que el aborto forzado, el embarazo forzado o la esterilización forzada para mujeres con discapacidad.

Según la ministra, en España “nadie duda de que prohibir o limitar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo nunca ha servido para reducirlo". "Solamente ha servido para generar más inseguridad, más sufrimiento y más pobreza a las mujeres, especialmente a las más vulnerables”, reflexionó, para lanzar “un mensaje internacional de apoyo a todas las mujeres que están luchando por sus derechos sexuales y reproductivos: aborto libre, seguro, gratuito y garantía de los derechos sexuales y reproductivos para todas las mujeres”.

Tras agradecer la aportación del movimiento feminista, que, dijo, “promovió la conquista de una ley tan importante como la Ley 2/2010 que hoy modificamos”, reconoció también su labor ante la “amenaza” que, en su día, supuso el Gobierno del PP “de retroceder seriamente” en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. "Fue capaz de frenar ese retroceso de derechos y llegó a tumbar a un ministro, al ministro Gallardón, que era el impulsor de esa reforma”, sentenció.

En la misma rueda de prensa, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, defendió que se trata de un “nuevo avance para las mujeres y para la democracia en nuestro país”, convencida de que “cada vez que avanzamos, avanzamos todas y también la democracia española” y que el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros “permite continuar ampliando los derechos” que el PSOE “inició hace 12 años con la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo”.

Un proyecto de ley que, puntualizó, “tiene por objeto revertir algunos de los retrocesos que después otros gobiernos protagonizaron y que tuvieron el rechazo de una inmensa mayoría de mujeres”. “Además, es una ley con la que damos cumplimiento a los compromisos programáticos y a los compromisos con la ciudadanía de las dos formaciones políticas del gobierno de coalición”, agregó, para señalar que, de esta forma, el Ejecutivo está “cumpliendo, ensanchando aquella ley que fue histórica y revirtiendo esos retrocesos que protagonizó el gobierno del PP”, resolvió.

Tras su aprobación por el Consejo de Ministros en primera vuelta, el texto pasará al Consejo de Estado y el Consejo General del poder Judicial antes de regresar de nuevo al Consejo de Ministros para ser sometido a la valoración del Parlamento.