La reducción del precio del dinero es una de las condiciones que establece el protocolo para aumentar la rebaja de la luz pactada. En concreto, el protocolo fija que las condiciones pueden cambiarse si la media anual del Mibor a tres meses se sitúa por debajo del 6,5 por cien. Actualmente, est en el 5,20 por cien.

Fernández Cuesta explicó que ésta es la única de las condiciones del protocolo para rebajar más la luz que tiene posibilidades de cumplirse, ya que los cambios en las externalidades (gastos que gravan la actividad eléctrica, como la moratoria nuclear o el carbón) no supondrán un cambio sustancial en el precio final.

Sobre las subvenciones que recibe el carbón, dijo que están en marcha negociaciones con Economía sobre la transformación del actual recargo en la tarifa eléctric para financiar el déficit del sector y convertirlo en una tasa específica, cuya creación estaría recogida en los Presupuestos del Estado de 1998.

Fernández Cuesta aclaró que dicha tasa no supondrá un aumento del precio de la tarifa eléctrica, puesto que se trata de convertir lo que ahora es un recargo en una tasa. Añadió que Industria intentará que parte de esa tasa corra a cargo de los Presupuestos del Estado.

Todas estas reformas van unidas al proyecto de ley eléctrica que el Gobierno acaba deremitir al Parlamento, y que espera que esté aprobado antes de fin de año, para lo que se le ha aplicado el trámite de urgencia.

El responsable de Energía también hizo referencia a la situación entre Endesa y el BCH en torno a Cepsa y dijo que "no vamos a tomar ninguna medida activa. Ni podemos ni queremos". Con estas palabras Fernández Cuesta dejó clara la posición del ministerio sobre la pretensión de Endesa de renegociar con el banco su alianza en torno a Cepsa y permitir a la eléctrica que eleve s participación, situada en el 8 por cien.

Fernández Cuesta reconoció la legitimidad de las demandas de Endesa, por entender que su 'paquete' en la petrolera es lo suficientemente importante como para tenerlo supeditado a los criterios del banco. Pese a ello, dijo, se trata de un conflicto entre empresas en el que el ministerio no va a intervenir.