La Comsión Europea ha pedido al Tribunal de Justicia que Luxemburgo pague una multa de 14.000 ecus, es decir, unos 2,35 millones de pesetas, por cada día que las autoridades de este país se demoren en aplicar correctamente la legislación (el artículo 171 del Tratado CE).

El Tribunal ya había condenado a Luxemburgo en 1996 por violar el artículo 48 del Tratado CE, al reservar puestos de trabajo en ciertos sectores públicos para las personas que estaban nacionalizadas en el país. En concreto, las áreas de divlgación, educación, sanidad, transportes, correos y telecomunicaciones están vedadas a todo ciudadano que no sea luxemburgués.

Dos años después, la situación no ha sido modificada y, por ello, el Ejecutivo europeo ha apelado a la legislación comunitaria, según la cual todos los empleos de la Administración que no supongan el ejercicio de autoridad pública deben estar accesibles a cualquier ciudadano de la UE.