Laquerella, admitida a trámite por el titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid, fue presentada por un presunto delito de malversación de caudales públicos, debido al pago de las fianzas y avales bancarios por parte de la Guardia Civil para que todos los procesados en el 'caso Ucifa', excepto los 'arrepentidos' Doroteo Gómez y Vicente Domínguez, pudieran quedar en libertad provisional.

Roldán indicó, en declaraciones a la Ser, que la querella no tiene fundamento "porque el reglamento da cobrtura a que se presenten avales para responder de las posibles responsabilidades civiles que hayan podido cometer los agentes de la autoridad en el uso de su trabajo".

"En lo que hace referencia a las fianzas para la libertad provisional, se depositaron avales a personas que tienes la garantía de que no se van a escapar y por tanto no hay ningún riesgo de pérdida de fondo público", agregó.

"Si el juez de la Audiencia Nacional (Baltasar Garzón) cuando fueron presentados estos avales y fianzas hubise apreciado que se cometía algún delito, hubiera dimanado unas diligencias previas", dijo Roldán, para agregar que "no fue la Guardia Civil la que presentó esas fianzas".

El director de la Benemérita señaló que no cree que el juicio se celebre antes de dos o tres años y pidió que mientras se determinan las responsabilidades en las que hayan podido incurrir, se respeten el funcionamiento de la justicia y "los derechos constitucionales de los procesados".

Afirmó que los mandos que en su momento tuieron relación con el 'caso Ucifa' no siguen en la unidad y serán destinados a otros puestos, porque "la perspectiva del juicio se va a alargar en el tiempo y porque no han sido condenados".

Roldán reconoció finalmente que estos sucesos provocaron un "deterioro de la imagen, tensiones y problemas que repercutieron en la eficacia del resto de las unidades, que se sentían inseguras".