En las prestaciones por desempleo se ahorraron 83.500 millones de pesetas, por la plena aplicación de los requisitos para acceder al cobro del paro y los controles de presencia en las oficinas del Inem a los trabajadores sin ocupación.

Por la lucha contra el fraude en prestaciones contributivas se gastaron 74.000 millones de pesetas menos, especialmente por la comprobación de bajas laborales y de los complementos de mínimos.

En cotizaciones sociales se ahorraron 29.500 millones de pestas, debido a las actuaciones sobre los descubiertos en grandes empresas y al reforzamiento de la recaudación ejecutiva.

Gracias al cruce de datos con el Ministerio de Economía y Hacienda, Trabajo descubrió un fraude de 9.800 millones de pesetas en el cobro de prestaciones no contributivas.

Finalmente, se dejaron de gastar 13.000 millones de pesetas por el control de la morosidad de las administraciones públicas hacia la Seguridad Social.