El estudio señala que los avances informáticos de la Administración española permiten el cruce e los ficheros de empleo y prestaciones sociales, para detectar a quienes cobran algún seguro de paro sin tener derecho a él.

En un análisis que comprende a España, Gran Bretaña, Japón y Noruega, los expertos de la OCDE señalan que, a la ahora de hablar de irregularidades en las prestaciones de paro, es preciso distinguir entre abusos y fraudes, y que incluso entre estos últimos hay grados.

A su juicio, el hecho de solicitar prestaciones y no estar disponible para trabajar o no estar buscando actvamente sólo puede calificarse de "abuso".

"Es posible que sea bastante frecuente el fraude de poca importancia que consiste en no declarar los ingresos procedente de los trabajos realizados esporádicamente y que puede llevar a efectuar permanentemente trabajos no declarados", añade el informe.

A su juicio, fraudes más graves son solicitar prestaciones de desempleo con nombres distintos o junto con prestaciones incompatibles, como las de enfermedad, crear unas relaciones de empleo artificiales qu conllevan el pago de cotizaciones sociales para tener derecho a percibir prestaciones, entre otros.

GASTO EN DESEMPLEO

Por otra parte, el informe realiza un análisis comparativo, entre todos los países de la OCDE, sobre el porcentaje de su PIB que dedican a programas relacionados con el mercado de trabajo, tanto destinados a prestaciones de paro como a medidas activas para generar empleo.

España ocupa una de las primeras posiciones, al destinar en 1991 un 3,53 por ciento del PIB a estos prograas, un 0,76 por cien dedicado a medidas activas de generación de empleo y 2,77 a seguros de desempleo.

Por delante de España sólo se sitúan Bélgica, con un 3,78 por ciento de su PIB dedicado a este fin; Irlanda, con un 4,31 por cien; y Suecia, con un 3,75, si bien se trata en todos los casos de países con una tasa de paro inferior a la española.

En el caso de España, las dos mayores partidas de gasto se dirigían a financiar el seguro de desempleo, lo que absorbía un 2,77 por ciento del PIB, y a ls subvenciones a la creación directa de empleo y la contratación, que captaba otro 0,45 por cien.

El estudio señala que la queja más común entre los empresarios, en relación con las oficinas públicas de empleo, es que no proporcionan candidatos adecuados y que son más eficaces otros métodos de reclutamiento.