Esa política puesta en práctica por el Gobierno de Evo Morales significa que el Estado boliviano opta por que los recursos energéticos sean recursos de titularidad del Estado.

Según dijo, "un país soberano puede decidir sobre sus recuros" y eso es algo que "España y la Unión Europea respeta". Otra cosa es el tratamiento y la negociación que se lleve a cabo sobre las inversiones de las empresas en ese país que deben pactarse de acuerdo con las normas internacionales e inscribirse en nuevo marco de relaciones entre ambos países.

Lo que está claro, dijo Garrido, es que "si tuvieramos una mala relación (con el Gobierno boliviano) sería mucho peor". A su juicio, aunque el Ejecutivo Zapatero no comparta las medidas puestas en marcha por Morales tiene que negociar de acuerdo a los principios de "bilateralidad, discrección yseguridad jurídica" y sobre esos parámetros "hay acuerdo".

López Garrido recordó que las empresas afectadas han pedido 180 días para llegar a acuerdos y "confiamos en que todo se desarrolle bien".

A su juicio, "es perfectamente compatible el derecho al desarrollo de países como Bolivia con el respeto a los derechos de los inversionistas y a la defensa de los intereses nacionales españoles y de las empresas. Esa es la política del Gobierno", sentenció.