A su llegada al hotel de Magaz de Pisuerga en el que el PSOE celebra unas jornadas de debate político sobre la Constitución de la Unión Europea, el ministro se refirió así al informe de la Abogacía General del Estado en el que se recomienda que esa devolución se haga mediante ley.

El ministrop dejó claro, en primer lugar, el ministro dejó claro que ese informe no se opone al traslado de esos papeles a Cataluña, y negó también las informaciones que achacan esta decisión a presiones de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) dentro del gobierno tripartito catalán.

Se trata, dijo, de una afirmación "sin justificación ni fundamento", porque la demanda de ese traslado se remonta tiempo atrás y ha requerido siempre una respuesta política de un Gobierno que lo tome en serio.

Sobre el informe de la Abogacía del Estado, el ministro recordó que fue encargado por el Ministerio de Cultura para conocer el procedimiento con el que se podía satisfacer un objetivo trazado por el Gobierno y que es puramente político.

"Es el Gobierno el responsable de dar respuesta a esta demanda, que se remonta muy atrás en el tiempo, y la Abogacía General del Estado no aporta ninguna decisión política ni ningún criterio, sino un dictamen técnico acerca del procedimiento y el instrumento normativo que lo haga efectivo", precisó.

El ministro insistió en que la problemática del archivo de Salamanca se puede resolver "perfectamente" si se intenta con sentido común, con sensatez, y con criterios democráticos, como pretende el Gobierno, y se elimina la demagogia y el intento de "crispar y enconar agravios entre territorios, poblaciones o personas a través de sentimientos primarios".