López Aguilar, durante una rueda de prensa conjunta con el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Alvaro Gil Robles, señaló que "no debemos tener miedo a las palabras, del mismo modo que no tuvimos miedo a las palabras hace veintiséis años, cuando se adoptó la Constitución en su primera redacción en 1978".

Señaló que "ya entonces hubo sectores de la sociedad española que mostraron preocupación, cuando no otros estados de ánimo bastante peores, en torno a determinadas palabras", a pesar de lo cual fueron incorporadas y "han rendido un efecto político positivo de integración, con gran vocación de futuro".

El titular de Justicia, quien se refirió a que el objetivo del PSOE es "el perfeccionamiento de nuestro Estado autonómico y de su capacidad de integrar la diversidad", reclamó que el debate sobre este asunto tenga lugar "con libertad intelectual", con "coraje cívico" y sin que "nos dejemos enredar ni confundir en torno a las distintas acepciones que podamos darle a las palabras".

HUELGA EN JUSTICIA

Por otra parte, respecto a la huelga general en la Administración de Justicia convocada para mañana por los sindicatos CSI-CSIF y CCOO, el ministro mostró su respeto por el papel de los representantes sindicales y se refirió a que tienen planteada una oferta de negociación.

Explicó que el Gobierno entiende que cualquier negociación sobre incremento salarial, que está en la base de la decisión de los sindicatos de ir a la huelga, debe estar vinculada a la puesta en marcha de la oficina judicial, que es "crucial para modernizar la Administración de Justicia".

Añadió que el Ejecutivo ha ofrecido un "marco negociador para incrementar sensiblemente" las retribuciones de los funcionarios de Justicia, lo que se concreta en una propuesta de aumento del 18,4 por ciento esta legislatura que, dijo, es el mayor planteado a los funcionarios judiciales en todo el período democrático.

Asimismo, aludió a que su departamento entiende que no son aceptables otras demandas sindicales, como que los incrementos salariales se desvinculen de la oficina judicial o que se comprometa gasto de las comunidades autónomas.