LÓPEZ AGUILAR Y HERNANDO FIRMAN UN ACUERDO "HISTÓRICO" PARA REDUCIR LOS ASUNTOS PENDIENTES DEL TRIBUNAL SUPREMO
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El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, y el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco José Hernando, firmaron hoy un acuerdo que definieron como "histórico" y que pretende reducir el número de asuntos pendientes en el Tribunal Supremo.
El acuerdo, que fue rubricado en presencia de los presidentes de sala del Alto Tribunal, prevé una inversión de 6 millones de euros por parte del Ministerio Justicia, dinero que se destinará a reforzar el Gabinete Técnico del Supremo en los próximos dos años.
Tras la firma del convenio, López Aguilar dijo que la "altísima función" del Supremo dentro del sistema constitucional hace que sea importante que la resolución de los asuntos se haga en un "tiempo razonable", tanto en lo que se refiere a la admisión como en la resolución de recursos.
El titular de Justicia manifestó que la inversión que hará su departamento se destinará a reforzar la capacidad del Alto Tribunal para hacer frente al "embotellamiento" de causas que sufre en este momento.
"AMBICIOSO PROYECTO"
Por su parte, Hernando destacó que el convenio rubricado hoy es "histórico", puesto que pone en funcionamiento un "ambicioso proyecto" para reducir el número de asuntos por resolver que existen en su tribunal.
El presidente del CGPJ y del Supremo afirmó que con este acuerdo la acumulación de causas y el retraso en el Supremo "pueden tener los días contados", ya que el refuerzo del Gabinete Técnico permitirá reducir los expedientes por resolver.
Según explicó el Ministerio de Justicia, la firma de este convenio es fruto de un acuerdo alcanzado en octubre de 2004 entre este departamento y el Supremo para crear una comisión mixta que sentara las bases para prestar un mejor servicio a los ciudadanos.
Esto se haría posible mediante la adopción de medidas precisas y la provisión de los medios necesarios para lograr una reducción significativa de la "bolsa" de asuntos pendientes de resolució (que hoy sitúa en torno a los 50.000), así como una disminución de los tiempos de respuesta del tribunal hasta adecuarse, en lo posible, al mandato constitucional de impartir justicia en un plazo razonable.
La importancia de este acuerdo de cooperación reside en que supone reducir, en el plazo de dos años, los tiempos del trámite de admisión (mediante autos) y, en su caso, de resolución definitiva (mediante sentencias) de los recursos de casación planteados por los ciudadanos ante el Alto Tribunal.
23 LETRADOS
El plan de actualización del Supremo supone, fundamentalmente, el refuerzo de medios personales en los citados ámbitos de la admisión de recursos y de la fase de resolución. En ambos casos, implica potenciar el Gabinete Técnico en su labor de apoyo a las salas del Alto Tribunal.
La dotación será de 23 letrados en comisión de servicios. Estos juristas vienen a sumarse a los 17 letrados que fueron nombrados en 2005 con ese mismo fin. Además, la Sala Primera se verá asistida por un magistrado en comisión de servicios con relevación de funciones.
A los letrados en comisión de servicios con relevación de funciones en las salas Civil, Penal, Contencioso-Administrativo y Social se unirán 18 funcionarios en régimen de prolongación de jornada procedentes de los cuerpos de Gestión Procesal, Tramitación Procesal y Auxilio Judicial. El área de Archivo del Gabinete Técnico también se reforzará con 4 funcionarios.
La inversión de Justicia con este plan de actualización, en medios personales y materiales, se valora en más de 6 millones de euros, a lo que habría que añadir las cantidades que el ministerio gasta anualmente en otras medidas de refuerzo y programas de actuación por objetivos en el Tribunal Supremo.
OBJETIVOS
En virtud del convenio, el Ministerio de Justicia y el Tribunal Supremo han acordado potenciar su actividad resolutiva, de manera que la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo procurará resolver un mínimo de 7.315 recursos anuales en fase de admisión (frente a los 2.500 resueltos en el año 2005).
En esta sala también se tratarán de completar 2.100 asuntos anuales en fase de decisión, con el fin de alcanzar, al final del presente plan, unas cifras aproximadas de 14.630 asuntos resueltos en fase de admisión y 4.200 recursos de casación e infracción procesal.
Respecto a la Sala Segunda de lo Penal, el fin es aumentar su capacidad resolutoria mediante el dictado de unos 3.080 autos anuales (en el año 2005 fueron 2.768), lo que al final del periodo del presente plan supondrá 6.160 autos de inadmisión.
En cuanto a la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, el fin es que ésta intente finalizar el año 2006 con un volumen de pendencia de entre 8.000 y 9.000 asuntos en su Sección Primera (de admisión). En junio de 2008, la duración del trámite de admisión de los recursos de casación podría reducirse a la mitad y el de los recursos de queja a un plazo de entre uno y dos meses.
Por último, la Sala Cuarta de lo Social procurará alcanzar hasta el final del plan de refuerzo la cifra de 11.800 asuntos terminados (finalizó el año 2005 con 6.900 asuntos), reduciendo su tiempo de respuesta en 2 meses y medio.
(SERVIMEDIA)
01 Jun 2006
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