En Consejo de Ministros, el titular de Justicia, Juan Fernando López Aguilar presentó el informe con el que se pretende "modernizar" y mejorar la Justicia, proyectando una labor "más ágil y más clara", según dijo en la rueda de prensa posterior al mismo.

Este informe atañe a un anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y a otro anteproyecto que modifica varias leyes que regulan los procesos judiciales: civil, penal y contencioso-administrativo.

La modificación de la ley que regula el Poder Judicial determina que los Tribunales Superiores de Justicia supondrán la culminación de la organización judicial en el ámbito territorial de la comunidad autónoma, necesitando para ello ampliar la competencia de sus Salas de lo Civil y Penal.

De este modo, esta reforma intensifica la función unificadora de doctrina del Tribunal Supremo, tal y como regula el artículo 153 de la Constitución según el ministro, por lo que se generaliza la segunda instancia penal alcanzando también a aquellos que tienen fuero especial.

La medida adoptada en el ámbito penal es "muy importante", dijo López Aguilar, porque recoge el cumplimiento acordado por España en las resoluciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU y de la Convención Europea de Derechos Humanos", ya que se permite la el recurso en segunda instancia penal para los enjuiciados favoreciendo "la presunción de inocencia", añadió.

Por otra parte, la reforma judicial modifica distintos aspectos de las leyes de procedimiento vigentes, y permite la creación de los juzgados de proximidad, aunque su implantación se limita a las grandes ciudades, de acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local.

Estos nuevos puestos del sistema judicial desenvolverán "exclusivamente" asuntos de ámbito civil y penal y que necesitan de una especial celeridad, es decir, problemas de la convivencia diaria de escasa complejidad como pequeños litigios.