En una rueda de prensa ofrecida en el Congreso de los Diputados, López Aguilar dijo que el relevo de Fungairiño se ajusta a la legalidad y aseguró que el PP "no tiene fuerza moral" alguna para ponerlo en cuestión ni para vincularlo a un supuesto cambio en la política antiterrorista del Ejecutivo.

"La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo son piezas de nuestro sistema judicial que merecen respeto", dijo. "La Fiscalía también. Esos órganos están incorporados por servidores del Estado que han pagado su cuota de sacrificio y han derramado sangre en la lucha contra ETA. Merecen respeto y reconocimiento".

Para el ministro, "es claro" que el PP ha intentado establecer "una conexión entre la lucha contra el terrorismo y un episodio absolutamente natural en una institución regida por el principio de unidad de actuación y dependencia jerárquica" como es la Fiscalía.

Recordó que Fungairiño "ha cumplido casi 30 años de servicio en la Audiencia Nacional, de ellos 9 en la jefatura", por lo que "merece reconocimiento y el Gobierno se lo expresa".

López Aguilar explicó que desde que se estableció la Audiencia Nacional, en 1977, ha habido 6 jefes de fiscalía, con una media de duración de 3 o 4 años en el cargo. "Ninguno había durado tanto", indicó.

El fiscal Fungaririño llegó a la jefatura de la Audiencia Nacional "relevando a un fiscal jefe, el señor Aranda, tras un episodio de amotinamiento de los subordinados respecto al jefe", continuó el ministro.

El Gobierno del PP resolvió esa situación a propuesta del entonces fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, "removiendo al jefe y promoviendo al subordinado, Fungairiño, y lo colocó en la jefatura de la Audiencia Nacional y no respondió ante nadie por esa decisión, ni ante el Parlamento ni ante nadie".

Desde entonces, agregó, han transcurrido 9 años y ahora se produce un relevo. "El PP no tiene ninguna autoridad, ninguna credibilidad, ni jurídica, ni política, ni moral, para vincular ese relevo" con la lucha antiterrorista, afirmó.

Hacer eso, continuó, "es manipulación, insidia, infamia, porque no es aceptable que se pretenda reducir la lucha antiterrorista a uno solo de los funcionarios y servidores del Estado de derecho que trabajan en la lucha antiterrorista. La lucha antiterrorista no lleva el nombre propio de ningún fiscal, ni de ningún juez".