López Aguilar señala que algunas de las ayudas que recibe la Iglesia católica "tienen dificultades de encaje con la legislación europea, lo cual nos está causando algunos problemas con Bruselas, como es el caso de la exención del IVA".

"Es un asunto que hay que negociar. Deberíamos ser capaces de plantear estas cuestiones sin que se nos diga que nos confrontamos con la Iglesia. No debe ignorarse que es una situación excepcional para la Iglesia católica, ya que no la disfrutan otras confesiones que, en términos constitucionales, deberían estar equiparadas", afirma en una entrevista publicada hoy en "La Vanguardia".

En este sentido, López Aguilar dice que el Gobierno y la Iglesia católica mantienen una relación "positiva" y fundada en "una voluntad de cumplir los acuerdos con la Santa Sede de 1979 con generosidad".

Sin embargo, precisa que "el acuerdo económico-financiero parte del principio de que el horizonte debe ser el de la autofinanciación de la Iglesia; lo dice expresamente el acuerdo".

López Aguilar indica que "mientras ese objetivo no se alcanza, el Estado ayuda al sostenimiento de las actividades de la Iglesia a través de unas fórmulas que se han ido articulando en el tiempo", como las aportaciones voluntarias de los ciudadanos sobre la liquidación del IRPF.

Pero, añade López Aguilar, el Gobierno y los obispos saben que "desde 1989 la liquidación voluntaria no es bastante, no alcanza ni al 70%. Este año ha sido de unos 110 millones euros. Esto significa que el Estado otorga, de manera adicional, una aportación directa, actualizada anualmente con cargo al IPC, que en este ejercicio ha sido de 35 millones".

El ministro recalca que el Gobierno está aportando estas ayudas "sin plantear ninguna objeción y creo que ello expresa una clara voluntad de cooperación. Pero el Ejecutivo y la Iglesia saben que esta situación no es indefinidamente sostenible".

A este respecto, declara que "es racional que nos emplacemos a una negociación que podría tener lugar con ocasión de la caducidad de la última prórroga, que acaba este año 2005".

López Aguilar subraya que "el Gobierno no buscará fricción con la Iglesia" y que la contribución del Ejecutivo a la Iglesia católica no se limita solamente a los conciertos económicos.

Precisa que también hay ayudas para el "sostenimiento de su obra social y, sobre todo, por el capítulo relativo a lo que podemos calificar de gasto fiscal del Estado, es decir, ingresos tributarios a los que el Estado renuncia por exenciones que disfruta la Iglesia y nadie más. Estamos hablando de excenciones del IVA, de los impuestos del patrimonio, sucesiones, donaciones... Es muy considerable. Todo ello describe un cuadro que no creo que permita hablar de confrontación con la Iglesia".