Tanto López Aguilar como la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aprovecharon la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para criticar la concentración celebrada en la capital vizcaína.

De la Vega no quiso hacer comentarios sobre el comunicado leído por Pernando Barrena al término de la misma, en la que ha emplazado al presidente del Gobierno a ser "valiente" y a alejarse de la política antiterrorista que defiende el Partido Popular.

La vicepresidenta del Gobierno aseguró que la rueda de prensa del Consejo de Ministros no está para responder a "manifestaciones de esa naturaleza" e insistió en que al Ejecutivo de Zapatero le hubiera gustado "que no se autorizase esta manifestación".

De la Vega ensalzó que el delegado del Gobierno en el País Vasco instó a Javier Balza a impedir la marcha y recordó que "a partir de ahí la competencia es del Gobierno vasco", por lo que "a cada uno le corresponde responder en su ámbito del ejercicio de sus propias competencias".

DECLARACIONES "FALACES" DE ACEBES

Por su parte, López Aguilar se esforzó en aclarar que el Gobierno central no tiene capacidad para prohibir manifestaciones convocadas en el País Vasco, ya que la competencia queda por completo en manos de la Consejería de Interior que dirige el peneuvista Javier Balza.

"Resultan improcedentes, falaces o irresponsables, o las tres cosas, las declaraciones de portavoces del PP y del secretario general del PP que dicen que el Gobierno tiene instrumentos para prohibir manifestaciones en menos de 24 horas", dijo.

El ministro de Justicia sacó a relucir que Angel Acebes ya intentó algo parecido cuando era ministro del Interior pero, recalcó, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se lo impidió y sentó doctrina al afirmar el 13 de septiembre de 2002 que "no existe legitimación por parte del Gobierno nacional para prohibir una manifestación en el País Vasco".

López Aguilar puntualizó que "otra cosa es que se produzcan manifestaciones delictivas" o incidentes durante el transcurso de una concentración, ya que en ese caso tanto el fiscal general del Estado como el Gobierno pueden intervenir para adoptar medidas o impulsar una investigación.