López Aguilar, durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia, hizo esta consideración al justificar que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, esté nombrando a miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) para cargos de responsabilidad.

El titular de Justicia destacó el hecho de que estos nombramientos contrarrestan el que el PP no designara a ningún fiscal progresista cuando estuvo en el poder.

Respecto a Conde-Pumpido, el ministro destacó que el responsable de la Fiscalía tiene "criterio propio" y no se somete "al seguimiento mecánico o servicial" de instrucciones más o menos directas del Gobierno.

"HOOLIGAN"

Por su parte, el portavoz del PP, Ignacio Astarloa, acusó al fiscal general de estar actuando como un "hooligan" del Gobierno, ya que en todas las decisiones que están teniendo relevancia pública está tomando decisiones que coinciden con la posición del Gobierno.

Según Astarloa, esto sólo se explica por la identificación del responsable de la Fiscalía con el Ministerio Público o por el hecho de que está abriendo en determinados asuntos un "sendero" por el que luego va el Ejecutivo.

Respecto al nombramiento por parte de Conde-Pumpido de fiscales de la UPF, Astarloa recordó que el propio fiscal general habló ya en el Congreso de que había que llevar a cabo un "reequilibrio ideológico" en la carrera fiscal. Este planteamiento, según el portavoz del PP, lleva al "sectarismo asociativo".

En cuanto al respecto de los grupos, el portavoz de CiU, Jordi Jané, emplazó al ministro a iniciar una negociación para alcanzar un "modelo de consenso" sobre los nombramientos de jueces y fiscales, de manera que el mismo no sea cuestionado por la alternancia de PSOE y PP en el poder.

Planteamiento similar fue el manifestado por la portavoz de EA, Begoña Lasabagaster, y de IU, Isaura Navarro, quienes censuraron que socialistas y populares busquen el nombramiento de fiscales próximos cuando llegan al Gobierno.