López Aguilar comentó, durante un encuentro informativo en Madrid, que no le gusta el empleo de descalificaciones en el mundo de la Justicia y afirmó que, por esta razón, intenta participar en los debates "de forma prudente y contenida".

No obstante, destacó que la ley "prohíbe a los jueces efectuar críticas a los poderes públicos en el cumplimiento de sus funciones o, en su caso, dirigirles elogios y practicar la adulación".

Sin embargo, señaló que, en ocasiones, "desde alguna instancia judicial", en clara referencia al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se critican las actuaciones del Parlamento o del Gobierno, algo que a su juicio es hacer política y "merece contestación política"

"Siempre he pensado", afirmó, "que la separación de poderes consiste en que los jueces ponen sentencias y los poderes públicos las acatan. La separación de poderes no consiste en que un juez habla de política y el Gobierno no le contesta para no afectar la independencia judicial".

LENGUAS AUTONOMICAS

Por lo que se refiere a la utilización de lenguas cooficiales en la Administración de Justicia, indicó que el Gobierno quiere buscar un "equilibrio" entre los derechos de los que hablan determinados idiomas autonómicos y el funcionamiento de los tribunales.

Explicó, en este sentido, que el Ejecutivo no es partidario de exigir que las lenguas cooficiales sean un "requisito de acceso" a la carrera judicial, lo que supondría que para aspirar a una plaza en determinadas comunidades habría que dominar obligatoriamente el catalán o el vasco.

En cambio, apuntó que el PSOE sí está a favor de "potenciar el relieve que se da al dominio de la lengua cooficial en el desarrollo de la carrera profesional en los territorios autonómicos que tienen lenguas cooficiales", algo que podría servir para el acceso a determinadas plazas que son "discrecionales".

Por otra parte, respecto a la renovación del CGPJ, el ministro manifestó que espera que ésta se haga cuando acabe el mandato de los actuales vocales, de manera que la oposición del PP no obligue a prolongar la actual composición del órgano de gobierno de los jueces.

Argumentó que el Consejo se merece una renovación a tiempo, de manera que su funcionamiento no entre en un período "agónico" y de deterioro de su imagen.