Insistió en que, en democraciay con la legislación en la mano, no se deben perseguir ideas, "aunque sean ideas equivocadas".

El titular de Justicia comparecía hoy en la Comisión de Justicia a petición del PP para explicar la actuación del Gobierno en relación al Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y a su concurrencia a las últimas elecciones vascas.

El ministro comenzó su exposición haciendo una condena radical de los atentados de ETA de las últimas semanas y aseguró que mientras esa "deuda" siga pendiente, los demócratas sólo la considerarán saldada con la "derrota" de todos los tipos de terrorismo.

López Aguilar recordó su participación personal en la redacción de esa ley y la defensa que hizo de su aprobación,que debía servir "al pluralismo político y a la democracia", garantizando que todas las formaciones políticas que concurren en los procesos electorales "se ajustan a las reglas de juego"

Esa norma "no tiene por objetivo proscribir ideas, ni poner fuera de la democracia a un sector de la sociedad". "El pluralismo", continuó, "no es un mal con el que hay que convivir sino un bien" que implica que, en democracia, "caben ideas que no compartimos, incluso las que rechazamos".

"Ninguna idea, por rechazable que nos parezca, puede quedar fuera del juego democrático, ni tampoco puede quedar fuera un sector social que apoye esas ideas, aunque no coincida con nuestros valores", insistió.

A su juicio, lo que establede la Ley de Partidos es que "hay que cumplir con las reglas de juego" y "no excluir a nadie". Bajo estos criterios, indicó, el propio Gobierno socialista instó la ilegalización de Herritarren Zerrenda que se decretó por orden jucial el 21 de mayo de 2004. Igual proceso que se siguió con alguna agrupación de electores en 2005, a instancias de la Fiscalía General del Estado.

A su juicio, estas actuaciones demuestran "que la Ley de Partidos Políticos está en vigor y que el Gobierno la aplica". En el caso concreto del PCTV, López Aguilar encuadró esta formación en el "paleomarxismo" ideológico que en los años 70 se conocía como "nacionalismo tercermundista, en sentido técnico".

Según dijo, "no es por la ideología por lo que procede una demanda de ilegalización" puesto que la ley no persigue ideas,y, por tanto, cualquier proceso tendría que derivarse de "los hechos" y de la comprobación fehaciente de que el PCTV "llama a la violencia de manera reiterada y respalda el terrorismo".

Esas condiciones "no se concluyen" de la lectura de los informes que los servicios de información transmitieron al Gobierno. Además, señaló, este partido se inscribió en el Registro de Partidos Políticos en septiembre de 2002, cuando Ángel Acebes era ministro de Interior, sin que su departamento pusiera obstáculo alguno a esta inscripción ni incoara su ilegalización.

Los argumentos del PP para poner en relación a Batasuna con el PCTV se basaban en estos elementos: que antiguos integrantes de Batasuna pegaron carteles electorales de la nueva formación y pidieron el voto para el PCTV y que los interventores de Batasuna también lo fueron del Partido Comunista de las Tierras Vascas.

La colaboración en la difusión de publicidad "no es un elemento relevante", según dijo López Aguilar, como tampoco lo es la coincidencia de interventores y "mucho menos la solicitud del voto", puesto que eso nos llevaría a que "baste pedir el voto para una fuerza política para conseguir su ilegalización".

Un supuesto de esa naturaleza sería "absurdo", porque el objetivo de la norma "no era poner fuera de la ley a 150.000 vascos, ni a cualquier cosa que esos 150.000 vascos quieran votar".

Explicó que a las últimas elecciones vascas concurrieron"muchas siglas" que pululaban en la "órbita" de la ilegalizada Batasuna. Reconoció que, una vez puesto en marcha el proceso electoral, los antiguos miembros de Batasuna, "que no han dejado de existir y tienen sus derechos intactos podían pedir el voto para al menos 5 siglas" y eso no debería "llevar al Gobierno a disparar con un rayo laser para diluir cualquierade esas siglas".

López Aguilar insistió en que esos argumentos tienen una "consideración jurídicamente inmanejable y políticamente absurda" y afirmó que el Gobierno "mantiene su compromiso de cumplir y hacer cumplir la Ley de Partidos", un mandato que también afecta al Fiscal General del Estado.

A su juicio, tratar de procerder contra el PCTV sin resplado jurídico y probatorio "sólo hubiera contribuido a restar coherencia y credibilidad a la Ley de Partidos y a la filosofía en que se apoyó" su aprobación.