Llop se refirió a esta cuestión al presentar en el Parlamento Europeo las prioridades y los avances de la Presidencia española del Consejo de UE ante la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE).

Según informó Justicia, la ministra explicó las distintas iniciativas que su departamento está impulsando en el marco de la Presidencia española, entre las que está la directiva relativa a la protección de las personas que ejercen la participación pública contra procedimientos judiciales manifiestamente infundados o abusivos (Slapp).

En este sentido, Llop dijo que es “esencial para proteger a periodistas, defensores de derechos humanos y a otras personas que participan en la vida pública”. El proyecto sobre esta iniciativa fue aprobado el pasado mes de julio por la Eurocámara y está actualmente en tramitación.

También hizo referencia a la directiva relativa a la protección de las personas que ejercen la participación pública contra procedimientos judiciales manifiestamente infundados o abusivos (Slapp), que consideró “esencial para proteger a periodistas, defensores de derechos humanos y a otras personas que participan en la vida pública”.

CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

Por otra parte, la ministra dio cuenta del estado de los expedientes penales, los relacionados con la protección de datos personales y los expedientes civiles, así como aquellos avances relativos a la digitalización de la cooperación judicial transfronteriza.

En este sentido, aludió a la directiva sobre recuperación de activos y decomiso que “permitirá avanzar hacia una debida identificación de bienes procedentes del delito”. Otra cuestión que expuso fue la propuesta de directiva sobre infracciones y sanciones penales por la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión, “de importancia capital en la respuesta de la Unión Europea a la guerra de agresión de Rusia en Ucrania”.

También explicó el estado de las negociaciones sobre dos prioridades de la Presidencia, la directiva sobre la lucha contra la trata de seres humanos, y sobre la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. En relación con esta última, ha pedido “reducir las diferencias entre nuestras dos instituciones en un tema que es prioritario para ambas”.

Además, la ministra en funciones aludió la actividad de la Fiscalía europea, que “durante 2022 recibió 3.318 denuncias de supuestos fraudes y abrió 865 investigaciones, con un alcance de aproximadamente 9.900 millones de euros”.

Concluyó que la Presidencia española pretende que el Consejo apruebe antes de fin de año “las reglas para la sustitución y renovación de los fiscales europeos cuyo mandato caducará entonces”.