El departamento que dirige Pilar Llop informó este miércoles de que se han prorrogado estas medidas debido a que la no renovación del CGPJ provoca indirectamente “un retraso de más de 1.000 sentencias al año”.

Ante esta situación, Justicia acordó en septiembre de 2021 conceder autorización económica para las medidas de refuerzo solicitadas por el Gabinete Técnico del Supremo.

En total, se hizo una dotación extraordinaria de 12 letrados -uno de ellos coordinador- en comisión de servicio con relevación de funciones para las áreas civiles, penal, contencioso-administrativa y social del Gabinete Técnico hasta diciembre de 2021.

700.000 EUROS POR AÑO

Dado el escaso tiempo transcurrido para comprobar la efectividad de estos refuerzos, la cartera que dirige Llop prorroga durante 2022 esta dotación de 12 letrados, que supone un presupuesto anual de cerca de 700.000 euros.

Justicia destacó que “esta medida extraordinaria para mitigar los efectos negativos que supone la no renovación del CGPJ supone la mayor dotación de recursos” movilizados por el Ministerio hasta el momento.

Este plan de choque se suma a otras medidas impulsadas por Llop, como son la reforma del recurso de casación civil, la mejora de la digitalización de las salas del Alto Tribunal o la digitalización de la jurisdicción militar, en línea con el Ministerio de Defensa.