Según informó Justicia este viernes, Llop acude a esta convocatoria en representación de los Estados de la Unión Europea (UE), al ocupar España la Presidencia del Consejo de este semestre.

En el encuentro se abordarán cuestiones como la rendición de cuentas en el contexto de la agresión rusa contra Ucrania, para lo que se impulsa un Registro de Daños y Perjuicios Causados por la Agresión de la Federación Rusa contra Ucrania.

También se hablará de los avances hacia el establecimiento de un tribunal especial para el crimen de agresión; de las medidas que deben adoptarse con respecto a la repatriación de los niños ucranianos deportados a Rusia; así como de la posibilidad de contraer compromisos adicionales para apoyar el sistema judicial de Ucrania.

Sobre Ucrania, Justicia destacó que, desde que se inició la invasión rusa, Llop ha llevado a cabo distintas iniciativas en apoyo a las instituciones ucranianas y para garantizar la prevalencia del derecho internacional.

CRÍMENES DE GUERRA

En abril de 2022, el Consejo de Ministros, a propuesta de la titular de Justicia, aprobó un real decreto ley por el que se articuló un sistema excepcional que hiciese efectiva la prohibición de disponer de bienes inscritos a nombre de personas físicas sancionadas o personas interpuestas. El objetivo de esta iniciativa era evitar el uso de testaferros para la financiación de la guerra.

Del mismo modo, Justicia puso a disposición de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), de la UE y del Gobierno de Ucrania un grupo de expertos españoles en labores forenses y de investigación criminal, para valorar los posibles crímenes de guerra internacionales producidos en territorio ucraniano.

En este sentido, España realizó en 2022 contribuciones voluntarias a la Corte Penal Internacional de 540.000 euros para invertir en herramientas tecnológicas, apoyo psicosocial y formación especializada en crímenes sexuales y de violencia de género y contra niños.

Además, la ministra promovió una reforma del Código Penal para castigar más gravemente la trata de víctimas de conflicto armado, que finalmente se tramitó como Proposición de Ley y fue aprobado el 20 de diciembre de 2022.