Esa unidad quedó plasmada en la ronda de contactos del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con los portavoces parlamentarios, también con el propio Llamazares.

En rueda de prensa, explicó que la proposición no de ley había sido registrada antes de su reunión con el presidente, y se someterá a votación nada más comenzar el periodo ordinario de sesiones, es decir, a mediados de septiembre.

En su opinión, tras la ronda de contactos ha quedado claro que la política antiterrorista ha dejado de ser "de confrontación", pero de ahí a que sea "unitaria" y realmente se compartan estrategias, hay un trecho.

La proposición insta al Gobierno a trabajar por el fin de la violencia terrorista con respeto absoluto a las reglas del Estado de Derecho, con fidelidad a la Constitución y a la ley, y a articular con las fuerzas políticas democráticas una respuesta compartida frente al terrorismo.

Esa respuesta, precisa, debe anclarse en la solidaridad con las víctimas, el rechazo a la utilización de la violencia como método para conseguir objetivos políticos, la deslegitimación social del discurso terrorista, y en la unanimidad en la condena a todo acto violento.

También en el reconocimiento del liderazgo del Gobierno en la lucha contra el terrorismo, en virtud de la Constitución, y el compromiso de que ese ámbito permanezca fuera del debate político y la confrontación electoral.

Plantea también como anclaje la colaboración institucional entre el Gobierno estatal y los del País Vasco y Navarra, así como el respaldo a las fuerzas de seguridad y el apoyo a la cooperación internacional.

Llamazares quiere, y así lo incluye expresamente en el texto, que el Gobierno comparta "información, estrategias y medidas, en un marco de confianza y lealtad" y avanzar hacia un amplio acuerdo que pueda ser suscrito por todas las fuerzas políticas democráticas.

Con todo ello, Llamazares pretende que la unidad de los demócratas deje de ser sólo "defensiva" ante los atentados perpetrados y sea "activa".