El coordinador general de la coalición, Gaspar Llamazares, anunció esa iniciativa en rueda de prensa en el Congreso. IU quiere, además, debatir la petición de comparecencia de la ministra de Fomento por las nuevas averías en Cercanías de Barcelona.

Esa reunión de la Diputación Permanente deberá ser convocada por el presidente del Congreso antes del día 14, fecha en la que el presidente del Gobierno anunció que se aprobará el decreto de disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones para el 9 de marzo.

Una vez disueltas las Cortes, la Diputación Permanente del Congreso sólo puede, según la Constitución, decretar el estado de excepción y convalidar reales decretos urgentes del Gobierno.

Llamazares considera necesario que los dos vicepresidentes acudan a dar explicaciones al Congreso. En el caso de Pedro Solbes, por una situación económica que empieza a ser "preocupante" y que requiere iniciativas por parte del Gobierno.

En su opinión, los datos de empleo e inflación no dan pie "al catastrofismo y a la nostalgia" que rezuman las declaraciones de los dirigentes del PP, pero tampoco a la "pasividad" del Ejecutivo.

Es necesario, a su juicio, aumentar la protección de los sectores más vulnerables ante el previsible cambio de ciclo económico, introduciendo por ejemplo el IVA superreducido en alimentos básicos o incrementando la formación de los desempleados y los inmigrantes.

De la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, Llamazares quiere que explique el contenido concreto de los acuerdos entre el Estado español y la jerarquía de la Iglesia Católica, y su situación tras "la última procesión" el pasado domingo en Madrid.

A la vista de las declaraciones del embajador español en el Vaticano, Francisco Vázquez, Llamazares deduce que el Gobierno negoció en su día con el Vaticano cuestiones que sólo competen a los representantes de los ciudadanos españoles, y ahora ese otro estado ha roto los acuerdos de forma unilateral.

Si es así, denunció, habría existido una "cesión de soberanía" por parte del Gobierno español a otro estado, el Vaticano, y la resolución de la situación no correspondería sólo a la Conferencia Episcopal española, sino que entraría en el terreno de las relaciones exteriores del estado español.

La vicepresidenta debe explicar, según Llamazares, si el Gobierno baraja la posibilidad de llamar a consultas al embajador en el Vaticano, como medida "formal" ante ese estado y a la vista de que Vázquez es "la voz de su amo", en este caso el estado pontificio.

Llamazares recordó además que el Gobierno y el PSOE exigieron una rectificación de la Iglesia tras las críticas vertidas el domingo en esa concentración, pero de momento, indicó, sólo ha existido "la callada por respuesta", y el Ejecutivo debe explicar su estrategia.