El recurso ante el Tribunal Constitucional puede ser promovido por el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta diputados o cincuenta senadores, por lo que Izquierda Unida carece de posibilidades de promoverlo por sí misma.

Llamazares considera que en Madrid se está impulsando una política sanitaria de progresiva "liquidación" de los servicios públicos, digna de la época de gestión de Margaret Thatcher en Reino Unido.

En su petición al Defensor del Pueblo, Izquierda Unida reconoce que en aplicación de la Ley General de Sanidad las comunidades autónomas con competencias transferidas pueden utilizar diversas formas de gestión.

Sin embargo, cree que la "generalización de la gestión indirecta de servicios públicos por empresas privadas puede ser un paso intermedio en el camino hacia la entrega al sector privado de la prestación de esa actividad", la sanitaria.

PRIVATIZACIÓN "FUNCIONAL"

La privatización "funcional" puede estar dando paso a la privatización "material", como parecen reconocer desde el Gobierno de Madrid al hablar de posibilidades de "negocio" en la prestación de ese servicio.

Izquierda Unida reitera que, "cualquiera que sea la opción organizativa que se adopte", se debe mantener en todo caso la condición de servicio público de la actividad, con independencia de que se preste en régimen de derecho público o de derecho privado, porque así se deriva de la propia Constitución.

En su opinión, los mandatos constitucionales relativos a la protección de la salud y al mantenimiento obligatorio de un sistema público de seguridad social implica la existencia de una red de establecimientos de titularidad pública que deben ser gestionados directamente, sin perjuicio de la colaboración de los centros privados, fundamentalmente mediante fórmulas de concertación.

Tanto Llamazares como la portavoz de la coalición en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés, insistieron en que la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, carece de competencias para emprender esa generalización.

Además, Izquierda Unida ha reformulado la proposición no de ley sobre este asunto que fue paralizada la semana pasada por los representantes del PP en la Mesa del Congreso de los Diputados.

REFORMULACIÓN

La iniciativa hacía referencia directa a la Comunidad de Madrid y los miembros del PP consideraron que era necesario una reformulación para que pudiera ser admitida de acuerdo con el Reglamento de la Cámara.

Eliminada esa referencia, la coalición pretende que el Congreso inste al Gobierno a ejercer sus competencias en la garantía del servicio público de salud.

Instan al Gobierno a "estudiar la posible incompatibilidad de la generalización de la figura de la concesión a empresas privadas de hospitales y centros de salud con el mantenimiento de la sanidad como servicio público tal y como contempla la Constitución" y que, en su caso, promueva también ese recurso ante el Tribunal Constitucional.

Llamazares explicó que la coalición promoverá también la movilización ciudadana contra esa política sanitaria y emplazó a los socialistas a "definirse" y despejar su actual contradicción al defender la sanidad pública pero no actuar contra los intentos de privatizarla.

Por el momento, lo importante es que el Gobierno tiene el deber de defender la Constitución y también sus propias competencias, y por ello pedirá directamente al Ministerio de Sanidad que intervenga en este asunto.