Tras conocer nuevos datos sobre esos vuelos a través de la prensa, Llamazares considera que este asunto debe reactivarse en el Congreso y por ello ha solicitado la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos; de la ministra de Defensa, Carme Chacón, y del director del CNI.

El objeto de estas comparecencias es que todos ellos informen sobre las "autorizaciones del Gobierno español al Gobierno de Estados Unidos para la escala en aeropuertos españoles civiles y militares de aviones cargados con prisioneros para su traslado ilegal al penal de Guantánamo".

Llamazares sospecha que ese tipo de traslados continuaron bajo gobierno socialista y exige al Ejecutivo que "no mire hacia otro lado" y aclare lo sucedido con la creación de una comisión de investigación interna que revele si la documentación relativa a esos vuelos no le fue facilitada al hacerse cargo del gobierno o si fue destruida.

En ese caso, Aznar podría haber sido "cómplice de supuestos delitos de detención ilegal, secuestro y tortura", de los que tendría que dar cuenta en sede judicial, produciéndose quizá la paradoja, según Llamazares, de no ser juzgado por su decisión de participar en la guerra de Iraq, pero sí de un asunto accesorio como la destrucción de documentos, como le ocurrió a Al Capone, que no fue juzgado por sus actividades delictivas, sino por evasión fiscal.

Además de estos extremos sobre los documentos de Exteriores, Defensa y La Moncloa, IU quiere también conocer cómo se administran los flujos de información entre los ministerios de Exteriores y Defensa, tras desvelarse en la prensa que ese tipo de datos sólo pueden ser tratados de ministro a ministro.

De no ver sus objetivos satisfechos, IU está dispuesta a volver a plantear en el Congreso la creación de una comisión de investigación sobre los vuelos de la CIA y en todo caso seguirá adelante con el proceso judicial en el que es acusación particular, para lograr que se depuren responsabilidades.