Llamazares respondía así en una rueda de prensa a las advertencias de Repsol sobre el inicio de acciones judiciales después de que el Ministerio Público del Gobienro boliviano registrara el pasado viernes las oficinas de su filial Andina.

Precisó, en primer lugar, que la empresa tiene derecho, como cualquier otra, a decidir la estrategia a emprender en un país en el que tiene inversiones.

Sin embargo, añadió, debe respetar la soberanía de Bolivia y la premisa de que los recursos naturales de este país, incluidos los hidrocarburos, pertenecen únicamente a sus habitantes.

A partir de ahí, concluyó Llamazares, una empresa que quiera participar en la explotación de esos recursos debe atenerse a las reglas del Gobierno, en este caso boliviano.

Llamazares pidió también a Repsol que tenga en cuenta y respete la división de poderes existente en Bolivia y la posibilidad de que no exista similitud total de criterios entre el Gobierno y los tribunales de este país.