Llamazares subrayó, en una rueda de prensa en la sede de IU, que la política laboral y el "continuismo" en materia fiscal hacen que la relación con el Ejecutivo "ya no sea preferente, en estos momentos la relación es fría y distante", por lo que avanzó que la coalición va a pasar de ser "influyente a ser exigente y hacer oposición".

A su juicio, un empleo de calidad, estable y seguro, junto a una fiscalidad progresiva, equitativa y suficiente para afrontar los retos sociales son las "asignaturas pendientes del Gobierno", que debe aprobar en febrero y junio de este año.

Las "decepcionantes" iniciativas del Gobierno en estas materias se alejan, en su opinión, del mandato electoral de los ciudadanos, por lo que adelantó que IU va a dar prioridad a estas cuestiones en su acción política y a presentar sus propias iniciativas.

El responsable de Trabajo de la coalición, Javier Alcázar, adelantó que la coalición va a emprender una campaña con publicidad propia para defender sus propuestas de fiscalidad y hacer público el "desencuentro" con la del Gobierno.

Alcázar subrayó que los ciudadanos deben entender que "bajar impuestos con déficit tecnológico, laboral y social respecto a nuestros países vecinos no es de izquierdas", por lo que la reforma aprobada por el Gobierno "no sólo no es aconsejable, sino que puede poner en cuestión la agenda social que el Gobierno ha comprometido".

Explicó que la reforma aprobada en Consejo de Ministros "nos va a costar 4.000 millones de euros, 2.000 de las rentas del trabajo y otros 2.000 del impuesto de sociedades", y va a beneficiar en primer lugar, reconoció, a las rentas de menos de 12.000 euros anuales, pero en segundo lugar a quienes perciben entre 70.000 y 100.000 euros al año.

RENTAS MEDIAS

"Las rentas medias son las que menos se van a beneficiar", continuó, ya que los asalariados que perciben de 16.000 a 35.000 euros al año sólo van a percibir entre un 1 y un 3 por ciento menos de presión fiscal. De todo ello dedujo que "una tercera parte del dinero que se va a dejar de recaudar va a beneficiar al cinco por ciento de las rentas más altas del país".

Emplazó al Ejecutivo a centrarse en la lucha decidida contra el fraude y la elusión fiscal, la mejora de la equidad y la suficiencia, y una mayor progresividad en los impuestos, también en el de sociedades, ya que existen fórmulas para adaptarnos a las nuevas normas internacionales sin renunciar a que paguen más las grandes rentas del capital.

Para terminar, Alcázar reclamó al Gobierno que incentive a los arrendadores y arrendatarios para fomentar el alquiler, ponga límite al precio de las viviendas que se bonifican fiscalmente y también reducir la cantidad que se puede destinar a planes de pensiones, pues 8.000 euros al año es una cifra "exagerada" que debe descender hasta la media de inversión, en torno a 2.000.