El alcalde de la citada localidad, el socialista Tomás Rodríguez, fue advertido por Telefónica delas llamadas que se efectuaron durante los meses de abril y mayo desde un receptor ubicado en el mercado municipal donde trabajaba Francisco Javier Valverde como operario de mantenimiento.

El joven, que reconoció los hechos, solicitó un préstamo avalado por el primer edil para hacer frente a la deuda. Por discrepancias familiares, posteriormente el funcionario dejó de pagar el crédito, lo que motivó que el ayuntamiento tuviera que asumirlo.

La negativa del joven a hacer efectivo el préstamo oblig al equipo de gobierno del ayuntamiento a llevar a un pleno ordinario un expediente disciplinario que incluía una suspensión de empleo y sueldo para el funcionario. Dicho expediente fue aprobado por los votos a favor del PSOE y la abstención de Izquierda Unida, PP y Unión Centrista.