En un comunicado, la organización afirma que los datos ofrecidos en el informe del Defensor del Pueblo reflejan las denuncias que han venido realizando antes de que se culminaran las transferencias, como también lo han hecho otros agentes sociales.

Satse apunta que, a pesar de que los responsables directos de la gestión sanitaria son las comunidades autónomas, el Gobierno no puede desentenderse de una situación, en muchas ocasiones, heredada del Insald.

Por ello, insiste en que la Ley de Cohesión deberá solucionar un problema que se arrastra desde hace tiempo, a través de esta nueva ley o de otra normativa que asegure tiempos máximos de espera para consultas de especialistas y para intervenciones quirúrgicas.